El origen de la marcha nació a raíz de que ICFES cobra a los estudiantes entre $25.000 y $47.000 pesos por el derecho a presentar la prueba de estado requisito para su grado.
Muchos de los estudiantes no tienen la capacidad económica de pagar esta cuota es por eso que se ven obligados a cancelar sus estudios y aplazar sus proyectos.